REVISTA
JUVENTUD
Y
CIENCIA
SOLIDARIA:
En
el
camino
de
la
investigación
Abundancia
peligrosa
Damaris
Tamara
Guncay
Taipe
Mi
nombre
es
Damaris
Tamara
Guncay
Taipe
,
tengo
17
años
y
soy
estudiante
de
la
Unidad
Educativa
Técnico
Salesiano.
Me
gusta
mucho
leer
sobre
problemáticas
sociales
y
también
sobre
historia,
especial-
mente
egiptología.
Uno
de
mis
pasatiempos
favoritos
es
escribir
poesía;
además,
disfruto
de
escuchar
música,
jugar
al
solitario
y
pasear
a
mis
perros.
Resumen
Esta
investigación
analiza
la
historia
y
el
impacto
de
la
minería
en
Ecuador,
desde
su
herencia
colonial
hasta
la
realidad
contemporánea,
evaluando
cómo
la
ex-
plotación
de
recursos
naturales
influye
en
la
economía,
la
sociedad
y
el
medio
ambiente.
El
estudio
combinó
la
revisión
de
literatura
histórica
con
el
análisis
de
datos
sobre
concesiones
mineras,
registros
estatales
y
proyectos
específicos
como
Fruta
del
Norte,
permi-
tiendo
identificar
los
impactos
sociales
y
ambientales
de
esta
actividad
extractiva.
Los
resultados
muestran
que,
desde
la
época
colonial,
la
extracción
de
oro
y
plata
generó
riqueza
para
las
potencias
extranjeras
y
las
élites
locales,
a
expensas
de
las
comunidades
originarias
que
enfrentaban
ex-
plotación
y
despojo
territorial.
En
la
actualidad,
la
minería
a
gran
escala
sigue
concentrando
sus
beneficios
en
empresas
privadas
y
en
el
Estado,
dejando
a
las
poblaciones
locales
con
ingresos
directos
mínimos.
Por
su
parte,
la
pequeña
minería
y
la
actividad
artesanal
exhiben
una
severa
precariedad
laboral
y
riesgos
para
la
salud,
pese
a
los
esfuerzos
de
formalización.
Además,
el
impacto
ambiental
sobre
los
recursos
hídricos,
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas
pone
en
evidencia
la
dificultad
del
Estado
para
controlar
la
minería
ilegal
y
garantizar
una
distribución
equitativa
de
los
recur-
sos.
En
conclusión,
la
minería
en
Ecuador
refleja
una
126
En
el
camino
de
la
investigación
127
continuidad
histórica
de
desigualdad
y
dependencia
económica,
donde
la
riqueza
natural
se
traduce
en
capital
externo
más
que
en
desarrollo
local
sostenible.
La
investigación
evidencia
la
necesidad
de
fortalecer
la
regulación,
mejorar
la
redistribución
de
beneficios
y
priorizar
la
conservación
ambiental,
para
que
los
recursos
naturales
puedan
convertirse
en
un
verdadero
motor
de
desarrollo
equitativo
y
sostenible
para
las
comunidades
afectadas.
Palabras
clave:
minería,
extractivismo,
desigualdad,
recursos
naturales
e
impacto
ambiental
Explicación
del
tema
La
historia
de
la
extracción
de
recursos
naturales
en
América
Latina
ha
estado
marcada
por
procesos
que
generaron
riqueza
para
unos
pocos
y
dependencia
para
la
mayoría.
Desde
la
época
colonial,
las
potencias
ex-
tranjeras
explotaron
sistemáticamente
minerales
y
met-
ales
preciosos,
dejando
a
las
poblaciones
locales
en
condiciones
de
subordinación
y
pobreza.
[1],
en
Las
ve-
nas
abiertas
de
América
Latina
,
sostiene
que
“América
ha
sido
convertida
en
un
gigantesco
recurso
al
servicio
de
los
intereses
ajenos”
(p.
23),
destacando
cómo
la
riqueza
natural
fue
transformada
en
capital
externo
sin
beneficiar
a
quienes
habitaban
la
región.
Figura
1.
Dos
mineros
en
una
mina
subterránea
de
Por-
tovelo
(siglo
XX)
Fuente:
[2]
En
Ecuador,
la
minería
colonial
se
concentró
en
el
oro
y
la
plata,
principalmente
en
zonas
como
Zaruma,
Portovelo
y
la
cuenca
del
río
Guayas.
La
extracción
de
estos
recursos
generó
ingentes
beneficios
para
la
Corona
española,
a
la
par
que
la
población
local
sufría
explotación
laboral
y
despojo
territorial
[3].
Este
mo-
delo
extractivo
sentó
las
bases
de
una
economía
de-
pendiente
de
los
bienes
naturales,
una
herencia
que
todavía
se
refleja
en
la
estructura
productiva
del
país.
En
el
contexto
contemporáneo,
la
disponibilidad
de
recursos
naturales
no
garantiza
un
desarrollo
sostenible.
[4]
introduce
el
concepto
de
la
“maldición
de
la
abun-
dancia”,
según
el
cual
los
países
ricos
en
minerales
y
petróleo
suelen
enfrentar
dependencia
económica,
concentración
de
la
renta
y
conflictos
sociales.
Figura
2.
Contraste
social
de
la
minería
en
Portovelo
en
los
años
treinta
Fuente:
[2]
En
Ecuador,
esta
paradoja
se
observa
en
regiones
como
Zamora
Chinchipe,
Morona
Santiago
y
Azuay,
donde
la
minería
de
gran
escala
convive
con
comu-
nidades
que
no
reciben
beneficios
proporcionales
y
en-
frentan
impactos
ambientales
significativos.
Según
[4],
“la
abundancia
de
recursos
naturales
no
siempre
se
traduce
en
desarrollo
humano
sostenible;
en
muchos
casos
reproduce
estructuras
de
poder
y
desigualdad”
(p.
45).
Figura
3.
Población
flotante
en
zonas
mineras
de
Zamora
Chinchipe
Fuente:
[5]
Durante
el
siglo
XX,
la
minería
ecuatoriana
atrav-
esó
distintos
ciclos:
desde
la
inversión
extranjera
en
128
Juventud
y
Ciencia
Solidaria:
oro
y
cobre,
hasta
la
expansión
de
la
pequeña
minería
artesanal
en
provincias
como
El
Oro
y
Loja
[3].
Estos
procesos
muestran
que,
aunque
los
recursos
naturales
han
sido
fuente
de
ingresos
estratégicos,
su
gestión
ha
generado
desigualdad
y
conflictos
persistentes.
El
análisis
histórico
evidencia
que
la
minería
en
Ecuador
no
es
solo
un
sector
económico,
sino
un
espacio
donde
convergen
desigualdad,
concentración
de
la
renta
y
conflictos
sociales.
La
herencia
del
saqueo
colonial
y
la
actual
dependencia
extractiva
explican
las
tensiones
entre
comunidades,
empresas
y
el
Estado,
reflejando
cómo
el
extractivismo
reproduce
desigualdades
históri-
cas
y
plantea
desafíos
para
la
sostenibilidad
ambiental
y
social.
Esta
perspectiva
prepara
el
terreno
para
analizar
cómo
distintos
tipos
de
minería
—artesanal,
pequeña,
de
gran
escala
y
de
materiales
de
construcción—
afectan
de
manera
diferenciada
a
la
sociedad
y
al
medio
ambiente,
aspecto
que
se
abordará
en
la
siguiente
sec-
ción,
retomando
los
aportes
de
Samaniego,
Guerra
y
Zaldumbide,
así
como
el
marco
conceptual
de
Gudynas
sobre
extractivismo
[6,7].
Al
analizar
los
impactos
de
la
minería
en
Ecuador
entre
el
pasado
colonial
y
la
realidad
actual,
se
eviden-
cia
que
la
historia
minera
del
país
refleja
patrones
de
explotación
que
persisten
hasta
hoy.
Al
respecto,
[1]
analizó
cómo
la
extracción
de
recursos
beneficiaba
a
élites
locales
y
empresas
extranjeras,
mientras
las
co-
munidades
sufrían
despojo
territorial
y
degradación
ambiental.
Esta
dinámica
creó
un
modelo
económico
dependiente,
donde
la
riqueza
natural
se
exportaba
y
el
desarrollo
local
quedaba
relegado.
Al
respecto,
[8]
señala
que
el
control
estatal
sobre
los
recursos
no
ha
sido
suficiente
para
revertir
los
de-
sequilibrios
históricos,
debido
a
que
los
beneficios
tien-
den
a
concentrarse
en
los
sectores
más
poderosos.
De
manera
similar,
[9]
argumenta
que
la
orientación
expor-
tadora
de
las
economías
latinoamericanas
ha
limitado
el
desarrollo
industrial,
consolidando
una
profunda
dependencia
externa.
Estas
teorías
se
evidencian
en
la
minería
de
gran
escala,
donde
proyectos
como
Cascabel
y
Cangrejos
generaron
exportaciones
por
USD
3.074,85
millones
en
2024;
sin
embargo,
gran
parte
de
las
ganancias
se
con-
centra
en
empresas
privadas,
mientras
las
comunidades
locales
reciben
beneficios
limitados.
Figura
4.
Proyecto
minero
Cascabel
en
el
Cinturón
de
Cobre
Andino
Fuente:
[10]
A
esto
se
suman
los
impactos
ambientales,
ya
que
la
explotación
minera
afecta
aguas,
suelos
y
biodiver-
sidad,
comprometiendo
actividades
tradicionales
como
la
agricultura
y
la
pesca.
Figura
5.
Áreas
de
concesión
y
relaves
del
proyecto
Cas-
cabel
Fuente:
[11]
Figura
6.
Yacimientos
mineros
cercanos
al
proyecto
Cas-
cabel
Fuente:
[11]
Por
otro
lado,
en
la
pequeña
minería
y
explotación
artesanal,
a
pesar
de
los
programas
de
capacitación
y
formalización
para
1.312
mineros,
persisten
condi-
ciones
laborales
precarias,
riesgos
de
salud
(uso
de
mercurio)
y
bajos
ingresos.
Respecto
a
la
situación
En
el
camino
de
la
investigación
129
de
los
derechos
mineros
inscritos
entre
agosto
y
di-
ciembre
de
2024,
la
Dirección
Técnica
de
Catastro
y
Registro
informó
que,
en
cumplimiento
del
Decreto
Ejecutivo
435
(23
de
octubre
de
2024),
existen
8.463
derechos
mineros
en
el
país,
de
los
cuales
6.579
están
inscritos
y
1.884
en
trámite
[12].
Aunque
este
proceso
busca
transparentar
la
actividad
extractiva
y
fortalecer
la
coordinación
entre
instituciones,
también
revela
la
lentitud
administrativa
y
las
debilidades
del
control
estatal,
que
permiten
la
persistencia
de
actividades
fuera
del
marco
legal.
Tabla
1.
Derechos
mineros
inscritos
y
en
trámite
Derechos
mineros
Inscrito
Trámite
Total
Concesiones
mineras
2.277
507
2.784
Permisos
minería
artesanal
2.469
375
2.844
Autorización
libre
aprovechamiento
693
482
1.175
Plantas
de
beneficio
213
82
295
Contratos
de
operación
558
208
766
Licencias
de
comercialización
369
230
599
Total
6.579
1.884
8.463
Fuente:
INF.GPGE.2025.0002.
Elaboración:
Gestión
CPGE
-
ARCOM
[12]
A
esta
problemática
se
añade
que
la
Agencia
de
Regulación
y
Control
de
Energía
y
Recursos
Naturales
No
Renovables
identificó
387
puntos
de
minería
ilegal
en
16
provincias
del
país
al
31
de
diciembre
de
2024,
lo
que
refleja
la
magnitud
del
problema
y
la
dificultad
del
Estado
para
controlar
las
actividades
extractivas
fuera
del
marco
legal
[12].
Figura
7.
Puntos
de
minería
metálicos
ilegales
en
el
Ecuador
Fuente:
[12]
A
pesar
de
que
las
exportaciones
mineras
represen-
tan
cerca
del
9%
del
total
nacional
y
la
recaudación
tributaria
superó
lo
proyectado
(USD
227,92
millones),
estos
ingresos
no
se
traducen
en
mejoras
sustanciales
para
las
comunidades
locales.
Programas
como
plan-
etGOLD
del
PNUD
intentan
reducir
los
impactos
de
la
minería
artesanal,
pero
su
alcance
sigue
siendo
lim-
itado,
reflejando
la
brecha
entre
la
regulación
y
la
realidad
social.
En
relación
con
los
impactos
ambientales,
especial-
mente
en
el
uso
del
agua,
el
cambio
climático
ha
gener-
ado
una
presión
sin
precedentes
sobre
la
disponibilidad
hídrica.
Las
sequías
prolongadas,
el
uso
intensivo
del
recurso
y
la
contaminación
de
fuentes
hídricas
afectan
tanto
a
la
población
como
a
las
actividades
producti-
vas.
Según
la
Sociedad
Nacional
de
Minería,
Petróleo
y
Energía,
el
sector
minero
utiliza
aproximadamente
el
1,04%
del
agua
demandada,
lo
que
equivale
a
272,53
millones
de
metros
cúbicos.
En
este
contexto,
se
han
propuesto
tecnologías
ori-
entadas
a
mejorar
la
eficiencia
en
el
uso
del
agua
dentro
del
sector
minero.
Consultoras
como
Ausenco
destacan
el
uso
de
soluciones
como
la
desalinización
del
agua
de
mar,
la
reutilización
del
recurso
y
la
optimización
mediante
sistemas
de
monitoreo
inteligente.
Estas
es-
trategias
buscan
reducir
la
presión
sobre
fuentes
de
agua
dulce
y
mejorar
la
sostenibilidad
de
las
opera-
ciones
mineras.
Las
plantas
desalinizadoras
permiten
transformar
agua
de
mar
en
agua
apta
para
uso
industrial,
lo
que
reduce
la
dependencia
de
fuentes
continentales,
es-
pecialmente
en
zonas
con
escasez
hídrica.
Por
otro
lado,
la
reutilización
y
reciclaje
del
agua
permite
rein-
corporar
el
recurso
en
los
procesos
industriales
medi-
ante
sistemas
de
tratamiento
avanzados,
disminuyendo
el
consumo
total.
Finalmente,
la
optimización
de
la
130
Juventud
y
Ciencia
Solidaria:
gestión
del
agua
mediante
plataformas
digitales
per-
mite
monitorear
el
consumo
en
tiempo
real
y
reducir
desperdicios.
Aunque
estas
tecnologías
mejoran
la
eficiencia
op-
erativa
y
reducen
parte
del
impacto
ambiental,
su
implementación
depende
de
altos
niveles
de
inversión
y
no
elimina
completamente
los
efectos
de
la
actividad
minera
sobre
los
ecosistemas
hídricos
[13].
Este
escenario
se
encuentra
directamente
ligado
al
régimen
de
regalías
del
país.
El
sistema
tribu-
tario
minero
ecuatoriano,
regulado
por
la
Ley
de
Min-
ería
[14],
establece
contribuciones
económicas
como
patentes
de
conservación,
regalías
y
utilidades
mineras,
destinadas
a
equilibrar
los
beneficios
entre
el
Estado,
las
empresas
y
los
trabajadores.
Sin
embargo,
en
la
práctica
persisten
problemas
de
concentración
de
la
renta
y
débil
redistribución
social
[15].
Los
ingresos
generados
por
proyectos
como
Fruta
del
Norte
y
Mirador
se
concentran
en
empresas
pri-
vadas
extranjeras
y
en
el
gobierno
central,
mientras
las
comunidades
locales
reciben
escasos
beneficios
direc-
tos.
Esto
reproduce
el
patrón
histórico
señalado
por
[1]
y
[4],
donde
la
riqueza
natural
se
transforma
en
capital
ajeno.
Además,
la
falta
de
transparencia
en
el
uso
de
regalías
y
la
precarización
laboral
en
zonas
mineras
evidencian
una
forma
contemporánea
de
explotación.
Aunque
el
Estado
busca
redistribuir
los
beneficios,
el
marco
legal
termina
favoreciendo
a
las
empresas
con
mayor
capacidad
de
inversión,
perpetuando
la
desigual-
dad
en
el
acceso
y
control
de
los
recursos.
Un
ejemplo
concreto
de
esta
dinámica
se
observa
en
el
proyecto
Fruta
del
Norte,
uno
de
los
desarrollos
ex-
tractivos
más
ambiciosos
del
país,
con
estimaciones
de
2.000
empleos
directos
y
7.000
indirectos
[16],
además
de
importantes
ingresos
fiscales
por
la
explotación
de
oro
y
plata.
Sin
embargo,
estos
beneficios
económicos
contrastan
con
una
serie
de
conflictos
sociales,
ambien-
tales
y
legales
que
han
sido
ampliamente
cuestionados.
Figura
8.
Ubicación
del
proyecto
minero
Fruta
del
Norte,
Zamora
Chinchipe
Fuente:
[17]
Figura
9.
Comunidad
local
en
el
río
cercano
a
Fruta
del
Norte
Fuente:
[18]
Para
obtener
las
plantas,
las
asociaciones
u
organi-
zaciones
deben
presentar
una
solicitud
formal
mediante
un
oficio
dirigido
al
señor
Prefecto.
Este
documento
es
recibido
en
recepción
y
posteriormente
registrado
en
el
sistema.
Luego,
la
solicitud
es
enviada
al
departa-
mento
correspondiente,
en
este
caso,
al
área
de
Gestión
Ambiental.
Esta
contradicción
se
alinea
con
lo
que
advierte
[1],
quien
señala
que
“el
progreso
resulta
progresista
porque
este
progreso
está
en
manos
de
pocos
propietarios.
El
alimento
de
las
minorías
se
convierte
en
el
ham-
bre
de
las
mayorías”.
Dicha
premisa
se
refleja
en
este
caso,
donde
los
beneficios
se
concentran
en
el
Estado
y
empresas
transnacionales,
mientras
las
comunidades
locales
enfrentan
desplazamiento
y
desigualdad.
En
concordancia
con
esto,
diversos
informes
han
ev-
idenciado
irregularidades
en
la
ejecución
del
proyecto,
entre
ellas
la
falta
de
coordinación
entre
instituciones
estatales,
concesiones
sin
licencia
ambiental
y
el
in-
cumplimiento
del
Mandato
Constituyente
6,
que
pro-
híbe
la
minería
en
áreas
protegidas.
Además,
varias
En
el
camino
de
la
investigación
131
concesiones
mineras,
como
La
Zarza,
intersectan
con
el
Refugio
de
Vida
Silvestre
El
Zarza
y
otros
ecosistemas
sensibles,
incluyendo
bosques
protectores
y
más
de
1000
nacimientos
de
fuentes
de
agua,
lo
que
pone
en
riesgo
la
biodiversidad
y
los
recursos
hídricos
de
la
zona
[19].
Figura
10.
Vista
aérea
del
proyecto
minero
Fruta
del
Norte,
Yantzaza
Fuente:
[20]
Estas
tensiones
han
generado
numerosos
conflictos
entre
las
empresas
concesionarias
y
las
comunidades
locales.
De
hecho,
San
Antonio
fue
la
primera
comu-
nidad
en
desaparecer
como
consecuencia
directa
del
avance
del
proyecto,
evidenciando
el
impacto
social
del
modelo
extractivo
[19].
En
este
contexto,
no
se
trata
solo
de
un
cambio
económico,
sino
de
una
transforma-
ción
profunda
del
territorio:
cuando
una
mina
se
va,
no
desaparecen
sus
efectos,
sino
que
permanecen
los
relaves,
las
aguas
ácidas,
los
suelos
degradados
y
las
comunidades
fragmentadas.
La
minería,
especialmente
a
gran
escala,
deja
huellas
irreversibles
en
los
ecosis-
temas
y
en
el
tejido
social,
como
ya
se
evidencia
en
la
Cordillera
del
Cóndor
[21].
Figura
11.
Escuela
abandonada
en
la
comunidad
San
Antonio
Fuente:
[18,19]
Además,
estudios
recientes
señalan
que
la
minería
genera
división
comunitaria,
criminalización
de
de-
fensores
ambientales,
militarización
de
territorios,
au-
mento
de
la
violencia
y
expansión
de
economías
ilegales.
A
esto
se
suma
que
la
economía
minera
no
compensa
sus
costos
reales:
genera
relativamente
pocos
empleos,
depende
de
los
precios
internacionales
y
concentra
sus
beneficios
en
pocas
empresas.
Mientras
tanto,
exis-
ten
costos
ocultos
como
la
remediación
ambiental,
la
afectación
a
la
salud
pública,
la
pérdida
de
biodiversi-
dad
y
la
destrucción
de
hábitats
que
no
se
incluyen
en
los
cálculos
oficiales,
pero
que
finalmente
son
asumi-
dos
por
toda
la
sociedad.
De
esta
manera,
el
caso
de
Fruta
del
Norte
refleja
cómo
los
proyectos
extractivos,
aunque
prometen
desarrollo,
pueden
profundizar
de-
sigualdades
y
dejar
impactos
duraderos
tanto
en
la
naturaleza
como
en
las
comunidades
[21].
La
Contraloría
detectó
que
las
concesiones
mineras
afectan
al
menos
1.124
nacimientos
de
agua,
compro-
metiendo
el
suministro
hídrico
y
la
biodiversidad
[19].
Este
escenario
refleja
la
“maldición
de
la
abundan-
cia”
descrita
por
[4],
donde
la
riqueza
mineral
puede
generar
corrupción,
conflictos
y
deterioro
ambiental.
Aunque
se
anuncian
miles
de
empleos,
no
está
claro
si
estos
son
estables
ni
si
garantizan
condiciones
lab-
orales
seguras.
La
presión
por
resultados
económicos
puede
reproducir
patrones
de
explotación
laboral
y
dependencia,
tal
como
advierten
[6].
Además,
la
Con-
traloría
ha
identificado
irregularidades
en
permisos
y
licencias
ambientales,
lo
que
revela
fallas
institu-
cionales
y
una
tendencia
a
favorecer
la
acumulación
privada
sobre
el
interés
público.
Toda
esta
problemática
evidencia
que
la
tensión
entre
desarrollo
económico
y
conservación
ambiental
plantea
un
dilema
ético
y
social:
mientras
el
Estado
obtiene
ingresos
millonarios,
los
ecosistemas
y
comu-
nidades
locales
asumen
los
costos.
En
conjunto,
el
modelo
extractivo
ecuatoriano
mantiene
patrones
de
desigualdad
originados
en
la
colonia
y
reproducidos
bajo
nuevas
formas
de
dependencia.
Así,
las
reflexiones
de
Galeano
sobre
el
saqueo
colonial,
de
Acosta
sobre
la
“maldición
de
la
abundancia”,
de
Samaniego,
Guerra
y
Zaldumbide
sobre
los
conflictos
mineros,
y
de
Gudynas
sobre
el
extractivismo
contemporáneo,
coinciden
en
una
advertencia:
la
riqueza
natural
del
Ecuador
solo
se
convertirá
en
desarrollo
real
cuando
se
rompa
con
la
lógica
histórica
de
explotación
y
exclusión
[1,4,6,7].
132
Juventud
y
Ciencia
Solidaria:
Conclusiones
El
análisis
de
la
minería
en
Ecuador
revela
que,
a
pesar
de
su
creciente
aporte
económico
al
país,
este
sector
continúa
reproduciendo
patrones
históricos
de
desigualdad
y
dependencia.
Tal
como
señalaron
[1]
y
[4],
la
extracción
de
recursos
naturales
ha
beneficiado
principalmente
a
élites
locales
y
actores
extranjeros,
mientras
las
comunidades
cercanas
a
los
proyectos
mineros
enfrentan
impactos
sociales
y
ambientales
pro-
fundos.
Este
desequilibrio
evidencia
la
vigencia
de
la
“maldición
de
la
abundancia”,
donde
la
riqueza
mineral
no
se
traduce
necesariamente
en
bienestar
colectivo
ni
en
desarrollo
sostenible.
La
revisión
de
los
datos
oficiales
emitidos
por
el
Ministerio
de
Energía
y
Minas
[12]
demuestra
que
la
actividad
extractiva
genera
ingresos
significativos
para
el
Estado
y
empleo
temporal
en
las
zonas
de
influencia.
No
obstante,
los
canales
de
redistribución,
tales
como
las
regalías
y
utilidades,
resultan
insuficientes
para
compensar
los
costos
ambientales
y
los
pasivos
sociales.
Este
escenario
se
agrava
debido
a
la
concentración
de
los
beneficios
económicos
en
corporaciones
privadas,
lo
que,
sumado
a
una
limitada
capacidad
institucional
para
fiscalizar
y
garantizar
los
derechos
laborales,
ter-
mina
por
profundizar
las
brechas
de
desigualdad
en
el
territorio.
Desde
una
perspectiva
estructural,
como
plantea
[7],
el
modelo
extractivista
vigente
en
Ecuador
mantiene
una
lógica
de
acumulación
que
prioriza
la
exportación
de
materias
primas
por
encima
de
la
soberanía
ambi-
ental
y
del
bienestar
comunitario.
Esto
plantea
una
contradicción
entre
crecimiento
económico
y
justicia
social,
donde
los
proyectos
extractivos
avanzan
a
costa
del
deterioro
ecológico
y
de
la
pérdida
de
modos
de
vida
tradicionales.
Finalmente,
los
aportes
de
[3]
confirman
que
el
de-
safío
no
radica
únicamente
en
la
regulación
del
sector,
sino
en
transformar
el
modelo
de
desarrollo
hacia
uno
más
equitativo,
participativo
y
sustentable.
El
caso
ecu-
atoriano
evidencia
que
el
progreso
económico
basado
en
la
minería
solo
será
verdaderamente
inclusivo
si
se
fortalece
la
gobernanza
ambiental,
se
garantiza
la
par-
ticipación
de
las
comunidades
en
la
toma
de
decisiones
y
se
prioriza
la
reparación
de
los
territorios
afectados.
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133
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Regulación
y
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rendición
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cuentas
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xpominas-y-la-promesa-minera/